El alcalde de Villarcayo desaloja a vecinos de sus viviendas un año más

 

Nota de prensa | 10 de agosto de 2026

 

 

 

 

 

Defensa del derecho al descanso y de la inviolabilidad del domicilio en Villarcayo

E l Ayuntamiento de Villarcayo ha difundido el 6 de agosto un anuncio instando nuevamente a vecinos a abandonar sus viviendas durante las celebraciones nocturnas de determinadas peñas, constituye una medida incompatible con los principios básicos que rigen la actuación de cualquier administración pública. Desde una perspectiva institucional y centrada en los derechos de la ciudadanía, esta decisión supone un reconocimiento explícito de que el propio Ayuntamiento prevé niveles de ruido y actividad que vulneran el derecho fundamental al descanso, así como la inviolabilidad del domicilio, ambos protegidos por la Constitución y por la normativa estatal y autonómica en materia de convivencia y protección de la salud.

Vulneración de derechos esenciales

El Ayuntamiento admite que las actividades previstas generarán un nivel de ruido incompatible con el descanso de embarazadas, menores, personas mayores y vecinos con problemas de salud, pero en lugar de adoptar medidas preventivas, opta por trasladar la carga del problema a los propios afectados. La solución propuesta, el desalojo temporal de residentes de sus viviendas, resulta profundamente injusta y contraria al deber institucional de garantizar la protección de quienes viven en zonas residenciales.

Durante años, los vecinos han soportado episodios reiterados de ruido extremo, música a volumen desproporcionado hasta altas horas de la madrugada, vibraciones en edificios, suciedad, orines, cristales rotos, malos olores, peleas y otras alteraciones graves de la convivencia. Todo ello en un entorno urbano que, por su naturaleza, debería estar protegido frente a actividades incompatibles con el descanso nocturno.

Existencia de alternativas viables

La ciudadanía no se opone a la celebración de las fiestas patronales ni al disfrute colectivo. Lo que se rechaza es la utilización del centro urbano como recinto de ocio nocturno permanente, ignorando los derechos de quienes residen allí todo el año. El recinto festivo de El Soto, diseñado precisamente para acoger actividades de madrugada, constituye una alternativa plenamente viable que evitaría la expulsión de vecinos y la degradación del entorno residencial.

Falta de diálogo y ausencia de medidas correctoras

A pesar de las denuncias, escritos, propuestas y solicitudes de reunión presentadas durante años, la respuesta municipal ha sido el silencio y la imposición. No se han impulsado procesos de diálogo, ni se han valorado soluciones consensuadas. Incluso se han producido decisiones especialmente preocupantes, como la autorización de fuego en un contexto de alerta por incendios dentro del local de una peña, generando alarma entre los residentes.

El mensaje trasladado por el Ayuntamiento es inequívoco: quien debe marcharse es quien sufre las molestias. Esta postura no se corresponde con el ejercicio responsable del gobierno local ni con la obligación de proteger los derechos de la ciudadanía.

Llamamiento a la defensa de los derechos vecinales

Ante esta situación, se anima a todas las comunidades de propietarios y vecinos afectados a documentar cualquier incidencia, realizar mediciones de ruido cuando sea posible, presentar denuncias y requerir la presencia de la Guardia Civil ante cualquier incumplimiento de la normativa o alteración de la convivencia. Solo mediante la acreditación rigurosa de los hechos será posible exigir responsabilidades y garantizar la protección efectiva de los derechos vulnerados.

Conclusión

Los vecinos de Villarcayo miembro de la Federación de Asociaciones contra el Ruido (FACR) con su apoyo sostienen que no deben abandonar sus hogares.

Quien debe cambiar de ubicación es quien organiza actividades incompatibles con una zona residencial.

La ciudadanía merece un Ayuntamiento que actúe con responsabilidad, que proteja el descanso y la seguridad de sus habitantes y que garantice el respeto a la inviolabilidad del domicilio.

Todo lo demás constituye una práctica impropia de la administración pública y una falta de respeto hacia quienes viven en el municipio.

 Junta Directiva | FACR